El veto del presidente Javier Milei a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ha reavivado la tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales. La medida, firmada el jueves pasado, fue rechazada por la mayoría de los mandatarios, quienes consideran que la norma es clave para reforzar los fondos de las provincias en un contexto de dificultades financieras.

Eduardo Vischi, jefe del bloque radical en el Senado, anticipó que "estarían los números" para rechazar el veto presidencial cuando el tema se debata en la Cámara alta la próxima semana. "El proyecto fue pedido por las 24 jurisdicciones y había tenido cierto guiño del Gobierno para avanzar", señaló Vischi, quien remarcó que la relación con la Casa Rosada se ha deteriorado por decisiones unilaterales y falta de diálogo.

Desde el Gobierno, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, reconoció que se están evaluando alternativas de financiamiento, como la posibilidad de otorgar préstamos a las provincias. "El Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación, sin volver al pasado", afirmó Catalán, aunque insistió en que los ATN deben destinarse a emergencias y no a gastos corrientes.

El conflicto se produce en un contexto de creciente consolidación del bloque Provincias Unidas, que agrupa a gobernadores de diferentes signos políticos y busca mayor autonomía y representación federal. Juan Schiaretti, uno de sus referentes, destacó que el espacio apunta a convertirse en una alternativa nacional y a sumar nuevos mandatarios tras las elecciones legislativas.

Las críticas de los gobernadores se centran en la falta de atención del Gobierno a la producción, el empleo y la situación social. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, cuestionó que "la primera ocupación que tendría que tener el gobierno es ver la realidad social", mientras que Gustavo Valdés, de Corrientes, advirtió sobre el riesgo de convertir a las provincias en "enemigos de la patria".

El oficialismo, por su parte, busca recomponer el vínculo con los mandatarios y evitar una nueva derrota legislativa, en un escenario donde la gobernabilidad y el federalismo están en el centro del debate político. El desenlace en el Senado será clave para definir el rumbo de la relación entre Nación y provincias en los próximos meses.