Iván Carlos Méndez, abogado y ex convicto, fue detenido el 18 de septiembre de 2025 en la Villa 31 de Buenos Aires, acusado de actuar como intermediario entre capos narcos de alto perfil y sus organizaciones externas. Méndez, quien se recibió de abogado mientras cumplía condena por narcotráfico en la cárcel de Devoto, utilizaba su rol profesional para vulnerar las restricciones del Sistema de Alto Riesgo en penales federales, retransmitiendo mensajes y facilitando maniobras ilícitas.

La investigación, iniciada en enero de 2025 por el Servicio Penitenciario Federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), reveló que Méndez mantenía contacto frecuente con líderes de bandas como Los Monos, el "Rey de la Efedrina" y otros jefes narcos detenidos. Según fuentes judiciales, Méndez no ejercía funciones técnicas de defensa, sino que operaba como "correo humano", transmitiendo directivas, gestionando bienes y triangulando dinero ilícito entre los internos y sus allegados externos.

El operativo que culminó con su arresto incluyó allanamientos en la Villa 31 y en domicilios vinculados a Méndez, donde se secuestraron armas de fuego, drogas y vehículos entregados por narcos como parte de pago por sus servicios. Además, se registraron celdas de 15 internos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, todos bajo el régimen de alto riesgo.

El caso expone las dificultades del sistema penitenciario para aislar efectivamente a los líderes criminales, quienes logran mantener el control de sus organizaciones desde prisión a través de intermediarios habilitados como abogados y familiares. "Proveía un servicio a medida para sortear las limitaciones intramuros", señalaron fuentes oficiales, subrayando la necesidad de reforzar los controles y sanciones en los penales federales.

Jueces federales ordenaron recientemente sanciones económicas a narcos por daños en las cárceles, en un intento de limitar su influencia y capacidad operativa. El Ministerio de Seguridad destacó la importancia de la investigación y la coordinación interinstitucional para desarticular estas redes, que continúan representando una amenaza significativa para la seguridad pública y el sistema judicial argentino.

El arresto de Méndez reaviva el debate sobre el rol de los abogados en el sistema penitenciario y la persistencia de redes narco dentro de las cárceles, evidenciando la necesidad de nuevas estrategias para combatir el crimen organizado desde sus bases operativas.