La relación entre el gobierno nacional y los gobernadores de Provincias Unidas atraviesa uno de sus momentos más tensos en la antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En las últimas semanas, tanto la Casa Rosada como el expresidente Mauricio Macri han intentado acercar posiciones con los mandatarios provinciales, pero los esfuerzos han sido recibidos con escepticismo y rechazo.

Según fuentes consultadas, Macri prometió a Javier Milei que podría acercar a los gobernadores de Provincias Unidas para garantizar la gobernabilidad, pero varios de estos líderes provinciales minimizaron su capacidad de convocatoria. “Mauricio no maneja nada en Provincias Unidas”, afirmó uno de los gobernadores, mientras que otro recordó que Macri debió ceder espacios clave en las listas legislativas, lo que pone en duda su influencia real.

Por su parte, la Casa Rosada intentó organizar una foto con al menos diez gobernadores para enviar una señal de estabilidad política, pero la respuesta fue unánime: cualquier diálogo quedará postergado hasta después de las elecciones. Los mandatarios consideran que han ganado peso político y que, en un contexto de caída de imagen del presidente Milei en las provincias, no les resulta conveniente mostrarse junto al oficialismo en plena campaña.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue especialmente crítico, señalando que el gobierno nacional incumplió acuerdos tanto institucionales como electorales. Otros gobernadores, como Maximiliano Pullaro, han manifestado públicamente su desconfianza y reclaman que el Ejecutivo no vete la ley de nueva distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), condición clave para cualquier acercamiento.

En paralelo, los gobernadores de Provincias Unidas preparan cumbres propias, como la prevista en Río Cuarto, Córdoba, y evalúan la posibilidad de construir una alternativa nacional de cara a 2027. Dentro del PRO, también se debate la posibilidad de una alianza formal con este espacio, en un intento de reconfigurar el mapa político opositor.

Analistas coinciden en que el oficialismo enfrenta una etapa de debilidad, marcada por derrotas electorales y falta de consensos en el Congreso, lo que complica la aprobación de reformas estructurales. Empresarios y sectores financieros reclaman mayor diálogo y consensos, mientras que el surgimiento de un tercer espacio político busca capitalizar el desencanto con Milei y el kirchnerismo.

El escenario post-electoral se perfila incierto, con posibles realineamientos y desafíos para la gobernabilidad, en un contexto de fragmentación y desconfianza entre los principales actores políticos.