Una boda de alto perfil celebrada en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, Salta, ha desatado una fuerte polémica y una investigación penal por la presunta falsificación de permisos oficiales. El evento, denominado “Cafayate Fantasy”, reunió a 110 invitados en un área protegida de gran valor ambiental, donde se montó una infraestructura propia de un salón de fiestas, con DJ, luces y carpas, en pleno paisaje natural.

La ceremonia tuvo lugar el lunes 23 de marzo en el paraje La Punilla. Según la reconstrucción judicial, los organizadores presentaron un permiso que supuestamente habilitaba la realización del evento. Sin embargo, el secretario de Ambiente de Salta, Alejandro Aldazábal, denunció que su firma había sido falsificada y que nunca autorizó la celebración. “No autoricé nada, ese documento es falso”, afirmó el funcionario, quien radicó la denuncia penal el mismo día del casamiento.

La fiscal Sandra Rojas, a cargo de la investigación, señaló que existieron fallas graves en la coordinación entre la Secretaría de Ambiente, la policía y los guardaparques. Aunque hubo controles durante el evento, la falta de un sistema de verificación inmediata permitió que la fiesta continuara. “Si eso lo hubieran advertido en tiempo, no se hubiera realizado el evento”, sostuvo Rojas, quien también investiga la posible participación de terceros con acceso a documentación oficial.

Por su parte, la propietaria del terreno, Lucía Grajales Soriano, y la novia, Nicole Pocoví, defendieron la legalidad del evento, argumentando que se realizó en una propiedad privada y que se respetaron las leyes. Pocoví afirmó que el predio es de uso intensivo y que actividades similares se han realizado previamente en la zona, incluyendo filmaciones y eventos deportivos de gran escala.

No obstante, especialistas y autoridades municipales advirtieron sobre el impacto ambiental de eventos masivos en la reserva, señalando que el uso de luces, sonido y la presencia de numerosas personas pueden afectar la fauna y acelerar la erosión de las formaciones rocosas. La Unidad de Contravenciones del Ministerio Público Fiscal también analiza posibles sanciones administrativas por el uso indebido del área protegida.

El caso ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y coordinación institucional para proteger los espacios naturales, así como la importancia de garantizar la autenticidad de los permisos en eventos de esta magnitud. La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales y administrativas, mientras el debate sobre el equilibrio entre el uso privado y la preservación ambiental sigue abierto en la provincia de Salta.