El gobierno de Javier Milei ha impuesto una serie de estrictas condiciones al Grupo Clarín para aprobar la fusión entre Telecom y Telefónica, según revelaron fuentes cercanas a las negociaciones. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) presentó un informe detallado en respuesta a un pedido de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en el que se enumeran los requisitos considerados indispensables para equilibrar el mercado de las telecomunicaciones en Argentina.

Entre las principales exigencias, Telecom deberá ceder seis millones de clientes móviles a otras empresas en un plazo máximo de dos años, de los cuales cuatro millones corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires, un millón a la región norte y otro millón a la región sur. Además, la empresa deberá devolver 130 megas de espectro, con 60 megas a nivel nacional de entrega inmediata, y 10 megas adicionales tanto en la región norte como en la sur.

En las localidades donde Telecom controla más del 50% del mercado, la compañía deberá liberar clientes de acceso a internet fija. También se exige la apertura del mercado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo el ingreso de nuevos competidores tanto para clientes particulares como para el segmento empresarial (B2B).

Otra de las condiciones impuestas es el retiro de todas las demandas judiciales que Telecom mantiene contra el Estado argentino, así como el pago de deudas pendientes al Fondo de Servicio Universal y las multas del sistema de telecomunicaciones.

El presidente Javier Milei ha manifestado públicamente su desconfianza hacia el Grupo Clarín y la fusión, afirmando en redes sociales que "hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas", lo que, según él, podría derivar en una posición dominante y afectar la competencia y los precios para los consumidores.

La fusión entre Telecom y Telefónica implicó un endeudamiento superior a los 1000 millones de dólares para el Grupo Clarín. El informe de Enacom, que ahora debe ser evaluado por Defensa de la Competencia, busca evitar la concentración excesiva en el sector y garantizar un mercado más equilibrado. Hasta el momento, no se han registrado declaraciones públicas por parte de Clarín o Telecom respecto a las condiciones impuestas por el gobierno. El desenlace de este proceso podría tener implicancias significativas para el futuro de las telecomunicaciones en Argentina.