A partir del 21 de septiembre de 2026, la jurisdicción federal de La Plata implementará el Código Procesal Penal Federal, en el marco de una de las reformas judiciales más relevantes de los últimos años en Argentina. La medida, oficializada mediante la Resolución 275/2026, busca modernizar el funcionamiento de la Justicia penal a través de la adopción del sistema acusatorio, que otorga un rol central a los fiscales en la investigación de delitos y agiliza los procesos judiciales.

La reforma, impulsada por el Ministerio de Justicia y coordinada con el Consejo de la Magistratura, incluye inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación. Entre los avances se destacan la incorporación de sistemas UFED para el tratamiento de evidencia digital, la adecuación de salas de audiencias con equipamiento audiovisual y la realización de simulacros y talleres para operadores judiciales. "El nuevo sistema promueve una persecución penal más estratégica y eficiente, mediante procesos judiciales más ágiles, simples y transparentes", señaló el subsecretario de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz.

La implementación en La Plata, que abarca zonas estratégicas como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud, se suma a la experiencia de otras provincias donde el sistema acusatorio ya está en funcionamiento. Según el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en esas jurisdicciones los niveles de resolución de casos alcanzan el 82%, duplicando los resultados del modelo anterior.

El procurador general interino, Eduardo Casal, destacó la importancia de la capacitación permanente y la cooperación entre organismos para enfrentar el crimen organizado y delitos económicos. "El rol protagónico del Ministerio Público Fiscal en el sistema acusatorio tiene un impacto directo en nuestra estructura", afirmó Casal, subrayando la necesidad de fortalecer los recursos técnicos y tecnológicos.

La reforma responde a la Ley 27.150, que establece la aplicación gradual del nuevo código en todo el país. Con este paso, el Gobierno busca consolidar un esquema federal de trabajo conjunto y avanzar hacia una Justicia más eficiente, transparente y adaptada a los desafíos actuales.