El Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2026, que incluye una reforma significativa al régimen de subsidios al gas natural en Argentina. La iniciativa propone eliminar la ampliación de las denominadas "zonas frías", una medida implementada en 2021 que permitió que más de 3 millones de hogares accedieran a descuentos en sus facturas de gas. De aprobarse, el beneficio quedaría restringido a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe en Mendoza, tal como lo establecía la ley original sancionada en 2002.

Según el texto oficial, el artículo 72 del proyecto de ley deroga los artículos clave de la Ley 27.637, revirtiendo la extensión aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández. El Gobierno argumenta que la ampliación a zonas templadas desvirtuó la lógica original del régimen, que priorizaba regiones de bajas temperaturas y menores ingresos. Un informe de la consultora Economía y Energía señala que el 72% de los beneficiarios actuales reside en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, provincias donde los inviernos son más templados y el consumo crítico de gas es menor.

El fondo fiduciario que financia el subsidio se nutre de un recargo adicional en las facturas de todos los usuarios de gas natural por redes, cerca de nueve millones en total. Tras la ampliación, el fondo mostró un déficit estructural, lo que llevó al Gobierno a incrementar el recargo en varias ocasiones durante 2025. La reforma propuesta limita el recargo máximo al 7,5% del precio del gas y otorga al Ejecutivo la facultad de modificarlo hasta un 50%. Además, los fondos podrán destinarse a compensar consumos comerciales, ampliando el espectro de destinatarios.

La ley actual otorga un descuento general del 30% en el valor del gas para hogares incluidos en zonas frías, que sube al 50% para quienes tienen planes sociales o forman parte de instituciones de bien público. Tras la ampliación de 2021, el consumo por usuario en esas zonas aumentó un 8,8%, mientras que en el resto del país cayó un 6,8%. La reforma redefine el acceso al beneficio y su financiamiento, focalizándolo en aproximadamente un millón de viviendas de la Patagonia, la Puna y Malargüe.

La oposición advierte que la medida elimina la garantía legal de las tarifas diferenciales y deja el beneficio sujeto a la discrecionalidad política del Ejecutivo. El diputado Ariel Rauschenberger señaló que "se vacía el Fondo, se elimina la garantía legal y se deja en manos del Ejecutivo definir si sigue existiendo el beneficio, con el riesgo que esto significa". El debate en el Congreso se anticipa intenso, con posturas enfrentadas sobre la equidad y sostenibilidad del sistema de subsidios energéticos.

La reforma responde a la necesidad de equilibrar el gasto público y corregir distorsiones en la asignación de subsidios, pero genera preocupación entre los sectores afectados por el posible aumento en las facturas y la pérdida de cobertura para millones de hogares.