El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso, mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, que los servicios de subtes, colectivos y recolección de residuos deberán garantizar niveles mínimos de funcionamiento durante paros y medidas de fuerza gremiales. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece que la recolección de residuos, considerada un servicio esencial, deberá operar al menos al 75% de su capacidad habitual, mientras que el transporte público de pasajeros, incluyendo subtes, Premetro y colectivos bajo jurisdicción porteña, deberá mantener un 50% de su prestación.

La medida se fundamenta en la Ley de Modernización Laboral 27.802, recientemente promulgada a nivel nacional, que clasifica ciertas actividades como "esenciales" o de "importancia trascendental" y fija umbrales mínimos de prestación durante conflictos sindicales. El decreto instruye a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y a la concesionaria Emova Movilidad S.A. a definir los esquemas operativos necesarios para cumplir con los porcentajes exigidos. Asimismo, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad fue designada para convocar a las partes involucradas y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Jorge Macri justificó la decisión señalando que busca "neutralizar el impacto de los paros en áreas críticas que afectan el día a día de los porteños y de quienes entran y salen de la Ciudad". En declaraciones públicas, el jefe de Gobierno afirmó: “Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad”.

La iniciativa se inscribe en una serie de reformas y desregulaciones impulsadas tanto a nivel nacional como local, y posiciona a la Ciudad de Buenos Aires como uno de los primeros distritos en aplicar el nuevo esquema de servicios mínimos obligatorios. Desde el gobierno porteño sostienen que la medida busca compatibilizar el derecho a huelga con la necesidad de asegurar servicios básicos para la población. Sin embargo, sectores sindicales anticipan posibles impugnaciones judiciales, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la protesta gremial y la prestación de servicios estratégicos en Argentina.

El alcance y la implementación de la normativa serán seguidos de cerca, ya que podrían sentar precedentes para otras jurisdicciones del país en el marco de la reforma laboral.