La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el pago de US$171 millones a los fondos buitre Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, cerrando así el último litigio pendiente del default de 2001. La iniciativa, que ya contaba con el aval del Senado, fue sancionada con 139 votos afirmativos y 97 negativos, en una sesión marcada por la polarización política.

El acuerdo, impulsado por el oficialismo y sus aliados, establece una quita superior al 30% sobre el valor nominal de las sentencias judiciales originales. El Estado argentino desembolsará US$67 millones a Bainbridge y US$104 millones a Attestor, mediante el mecanismo de "Entrega contra Pago". Además, incorpora una cláusula de protección legal denominada "standstill", que impide a los demandantes iniciar nuevas acciones judiciales o interferir en operaciones financieras del país en el exterior.

El secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, destacó que el acuerdo contempla condiciones beneficiosas para el Estado, con una reducción significativa respecto de los montos originales. "Damos un paso importante para cerrar otro capítulo de una historia que nunca debió llegar tan lejos", expresó.

El default de 2001, declarado en medio de una crisis política y económica, derivó en más de dos décadas de litigios, embargos y negociaciones. Diversos canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y 2016 lograron la adhesión del 99% de los acreedores, pero Bainbridge y Attestor permanecieron fuera de los acuerdos. El año pasado, tras el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a la apelación argentina, los fondos lograron embargar activos por US$310 millones.

La aprobación de este acuerdo permite concluir los procesos de auditoría y rastreo de activos nacionales en el extranjero, y elimina el riesgo de nuevos embargos sobre bienes estratégicos. Mientras el Gobierno celebra el cierre de este capítulo, sectores opositores cuestionan el pago y los beneficios otorgados a los fondos litigantes. El debate refleja la persistente división política en torno a la gestión de la deuda externa y sus consecuencias para el país.