El Congreso argentino se encuentra en el centro de un intenso debate por la inminente votación de la reforma a la Ley de Glaciares, prevista para el 8 de abril en la Cámara de Diputados. El oficialismo, respaldado por gobernadores de provincias mineras, impulsa una modificación que limitaría la protección estricta solo a aquellos glaciares con “aporte hídrico relevante y comprobable”, otorgando además mayor injerencia a las provincias en la elaboración del inventario de glaciares.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado tras una votación dividida, es presentada por el oficialismo como una medida necesaria para destrabar inversiones mineras millonarias actualmente frenadas por la normativa vigente. “Los glaciares son reservas estratégicas de agua y su protección es incuestionable, pero esta modificación no viene a bajar ese estándar, sino a ordenar y dar mayor claridad a la ley”, argumentaron desde el bloque oficialista.

Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte reacción de ambientalistas, especialistas y organizaciones sociales, que denuncian una “regresión ambiental” y advierten que la reforma podría violar la Constitución al debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental de alcance nacional. “La pelea por el ambiente no está separada de la pelea por llegar a fin de mes. Es la misma lucha”, expresó una referente ambiental en declaraciones públicas.

Las audiencias públicas previas a la votación contaron con una participación ciudadana récord, aunque organizaciones denuncian que la mayoría de las voces fueron excluidas del debate formal. En paralelo, vecinos y colectivos ambientales han convocado a marchas, recolección de firmas y actividades artísticas en defensa de la ley vigente, especialmente en regiones patagónicas.

La oposición anticipa que, de aprobarse la reforma, la disputa continuará en los tribunales, mientras que sectores productivos y gobiernos provinciales insisten en la necesidad de compatibilizar desarrollo económico y protección ambiental. El resultado de la votación y sus eventuales consecuencias legales y sociales mantienen en vilo a amplios sectores de la sociedad argentina.