El conflicto universitario en Argentina alcanzó un nuevo pico de tensión esta semana, con un paro nacional docente que paralizó las actividades en universidades públicas de todo el país. La medida, impulsada por gremios docentes y acompañada por estudiantes y trabajadores no docentes, reclama la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso pero aún incumplida por el gobierno nacional.

En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el 65% de los docentes percibe salarios de $250.000 mensuales, cifra que representa apenas una quinta parte de la canasta básica para una familia tipo, según datos del Indec. Los docentes de dedicación exclusiva, con 40 horas semanales, apenas superan el millón y medio de pesos, mientras que los auxiliares simples y de segunda cobran aún menos. Esta situación ha llevado a muchos profesores a renunciar o buscar empleos adicionales para subsistir.

El paro, que se extenderá durante toda la semana, cuenta con un alto nivel de acatamiento y se replica en otras ciudades como Córdoba y La Plata. En la capital bonaerense, más de 4.000 personas participaron de una marcha de antorchas en defensa de la universidad pública, exigiendo la aplicación de la ley de financiamiento y denunciando el deterioro salarial y presupuestario.

El origen del conflicto radica en la ley de financiamiento universitario, que fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada nuevamente por ambas cámaras. Sin embargo, el Ejecutivo nunca la implementó, lo que motivó acciones judiciales y una creciente presión social. El gobierno propuso recientemente un nuevo proyecto de ley que recorta partidas y ofrece un aumento salarial del 12% en cuotas, propuesta rechazada por gremios y rectores.

El Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires han reiterado su demanda de cumplimiento de la ley vigente, mientras que sectores más combativos dentro de la comunidad universitaria impulsan paros por tiempo indeterminado y acciones directas como clases públicas y cortes de calle. La falta de becas y el ajuste presupuestario también afectan gravemente a los estudiantes, muchos de los cuales deben abandonar sus estudios por razones económicas.

En el Congreso, el debate sobre el financiamiento universitario sigue abierto, con negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques, pero sin una solución a la vista. La crisis universitaria se inscribe en un contexto más amplio de ajuste fiscal y caída del poder adquisitivo, y amenaza con profundizarse si no se encuentra una salida consensuada entre las partes.