La ciudad de Santa Fe fue escenario este jueves de la subasta más grande de bienes incautados al delito en la provincia, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El evento, realizado en la Estación Belgrano, reunió a 3.910 inscriptos provenientes de todas las provincias argentinas, quienes participaron en la puja por 159 lotes que incluían vehículos, inmuebles, joyas, electrodomésticos y materiales de construcción.

La subasta, que comenzó a las 16 horas tras una exhibición previa de los bienes, marcó un récord histórico en la gestión provincial. Los precios base de los lotes oscilaron entre el 30% y el 50% del valor de mercado, lo que generó una gran expectativa entre los participantes. Entre los bienes destacados se encontraban más de 120 autos y motos, cuatro terrenos en Roldán y una casa en Funes valuada en 50 millones de pesos.

El gobernador Maximiliano Pullaro, presente en el acto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y otras autoridades, subrayó la importancia de la subasta como herramienta para golpear económicamente a las organizaciones criminales. "Estamos ante un hecho único en la República Argentina, porque esta subasta se da únicamente en la provincia de Santa Fe. Les estamos mostrando al país y al mundo cómo estamos trabajando contra el narcotráfico, la violencia y el delito", afirmó Pullaro. Scaglia, por su parte, destacó que Santa Fe es la única provincia con una ley de decomiso que permite este tipo de remates y propuso replicar el modelo a nivel nacional.

El mecanismo de subasta, que incluye control judicial y protocolos de seguridad, busca no solo financiar el funcionamiento de Aprad, sino también resarcir a víctimas de delitos y realizar donaciones a instituciones sociales como escuelas, clubes y bibliotecas populares. En las tres subastas anteriores, la provincia recaudó un total de 2.326 millones de pesos, destinados a reparar daños y fortalecer políticas sociales.

La jornada fue vista como un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico y el delito, consolidando a Santa Fe como pionera en la recuperación de activos ilícitos y su reinserción en la sociedad bajo un uso productivo y legal. Las autoridades provinciales insistieron en la necesidad de una ley nacional de extinción de dominio para ampliar el alcance de estas políticas en todo el país.