Nuevo juicio en La Plata por crímenes de lesa humanidad
• Comenzó en La Plata el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la CNU antes del golpe de 1976. • Tres imputados, 13 víctimas y fuerte acompañamiento de organismos de DDHH. • Audiencias públicas y modalidad mixta.



El segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) comenzó el 23 de febrero en los Tribunales Federales de La Plata. Tres exintegrantes de la organización, Carlos Ernesto “El Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Agustín Antonio “Tony” Jesús, enfrentan cargos por homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y tormentos contra 13 víctimas, en hechos ocurridos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El proceso judicial, de modalidad mixta (virtual y presencial), es oral y público, y cuenta con la participación activa de familiares de las víctimas, testigos y organizaciones de derechos humanos. El tribunal está compuesto por los jueces Jorge Luciano Gorini, Roberto Fernando Minguillón, María Gabriela López Iñiguez y Ricardo Basílico. Las audiencias continuarán el 4 de marzo, y se espera que el juicio aporte nuevos elementos sobre el accionar de la CNU en La Plata y Mar del Plata.
La CNU, grupo parapolicial de derecha peronista vinculado a la Triple A, fue responsable de una serie de crímenes contra militantes, estudiantes y trabajadores en la provincia de Buenos Aires, en el período previo a la dictadura militar. El inicio de este juicio es considerado un avance significativo por organismos de derechos humanos, que llevan más de 15 años reclamando justicia por estos hechos.
Emiliano Hueravilo, secretario general de la CTA Autónoma de La Plata y miembro de HIJOS, expresó: “Poder comenzar a juzgarlos a estos represores es un logro de los familiares, de los testigos y las querellas”. La causa es seguida con atención por la sociedad y los medios, en un contexto de búsqueda de memoria, verdad y justicia en Argentina. El juicio representa un paso más en el proceso de reparación histórica para las víctimas y sus familias, y se inscribe en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad en el país.
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