El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei y con Diego Santilli como flamante Jefe de Gabinete, ha intensificado las gestiones para avanzar en la eliminación de las elecciones primarias PASO de cara al calendario electoral de 2027. La iniciativa, que forma parte de una reforma política más amplia, busca modificar el sistema de selección de candidatos y ha generado un fuerte debate en el Congreso y entre los principales actores políticos del país.

Desde la Casa Rosada, el argumento central es el ahorro económico y la simplificación del proceso electoral, aunque fuentes oficiales reconocen también el interés estratégico de evitar que la oposición utilice las PASO como herramienta de unificación. "Será un tema para conversar la próxima semana", señaló Santilli tras su primera visita al Senado como ministro coordinador, en la que también se discutieron otros proyectos como la Ley de Zonas Frías.

El oficialismo ha iniciado negociaciones con gobernadores y bloques aliados, como el PRO y la UCR, para asegurar los votos necesarios. Algunos sectores del radicalismo y del peronismo del interior estarían dispuestos a acompañar la reforma, mientras que otros proponen alternativas como la suspensión de las PASO o su carácter optativo. El proyecto oficial incluye además la implementación de la "Ficha Limpia", cambios en el financiamiento de partidos y modificaciones a la boleta única de papel.

La oposición, por su parte, denuncia que la eliminación de las PASO representa un retroceso institucional y un intento de concentración de poder. "Buscan anular la pluralidad y la disidencia, concentrando cada vez más poder", advirtió el diputado Maximiliano Ferraro. Otros referentes, como Karina Banfi, sostienen que modificar las PASO es posible, pero eliminarlas sería un error grave para la democracia.

En el peronismo, la posible eliminación de las PASO genera incertidumbre sobre cómo resolver las internas y legitimar candidaturas, en un contexto de fragmentación y falta de liderazgo claro. Algunos dirigentes consideran que la medida podría obligar a recurrir a internas partidarias abiertas o incluso a la presentación de múltiples candidaturas en la elección general, lo que fragmentaría aún más el espacio opositor.

Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando con los gobernadores, quienes tienen un rol clave en la definición parlamentaria. El desenlace de este debate podría marcar un cambio estructural en el sistema electoral argentino y definir el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales.