La reciente operación inmobiliaria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha generado una fuerte controversia pública y judicial. En respuesta, la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, defendió los controles internos y la transparencia en las transacciones que involucran a personas políticamente expuestas (PEP).

Tato explicó que, según la normativa vigente, todas las operaciones realizadas por funcionarios deben ser reportadas obligatoriamente a la Unidad de Información Financiera (UIF), independientemente del monto involucrado. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, afirmó en declaraciones radiales, y detalló que este procedimiento es automático y se realiza mensualmente. Además, subrayó que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes, sin distinción.

La presidenta del Colegio diferenció el reporte sistemático a la UIF del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que solo se aplica cuando existen dudas sobre el origen de los fondos. “Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, explicó. Sin embargo, si la operación se concreta y persisten dudas, el escribano tiene la obligación legal de reportarlo.

En el caso específico de Adorni, la justicia investiga la compra de un departamento en Caballito por u$s230.000, de los cuales u$s30.000 se pagaron en efectivo y el resto mediante una hipoteca con las vendedoras, una operatoria considerada inusual. El Colegio de Escribanos confirmó que sigue de cerca el expediente y colabora con la justicia, remitiendo la documentación requerida y pudiendo iniciar expedientes disciplinarios internos.

La controversia se intensificó tras declaraciones contradictorias de la escribana Adriana Nechevenko, quien afirmó no tener obligación de pedir el origen de los fondos, en aparente contradicción con la normativa. El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia de los funcionarios y los controles contra el lavado de dinero. El Colegio enfatizó que la actividad notarial exige altos estándares de ingreso y control, y que la profesión no es hereditaria.

Mientras tanto, el Gobierno ha optado por mantener silencio público sobre el caso, mientras la justicia avanza en la investigación y el debate sobre la efectividad de los controles continúa en la opinión pública.