La Justicia federal dispuso la prohibición de salida del país para Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, su expareja Jesica Cirio y otros implicados en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, quien rechazó los pedidos de detención presentados por el fiscal Sergio Mola, al considerar que no existen pruebas suficientes ni riesgo procesal que justifique esa medida extrema.

La investigación se centra en el crecimiento patrimonial de Insaurralde y su entorno, tras la aparición de videos en 2023 donde se observan grandes sumas de dinero en efectivo en la vivienda del exfuncionario, ubicada en un barrio privado de San Vicente. El juez ordenó peritajes sobre el material audiovisual para determinar su autenticidad y si corresponde a alguno de los inmuebles investigados. Además, se dispusieron allanamientos y análisis de dispositivos electrónicos, así como la citación de testigos y peritajes contables, cuyo avance es del 91% y se espera que concluyan en julio.

Entre los investigados también figura Víctor Donadio, ex cuñado de Insaurralde y titular de DOIO S.A., empresa que obtuvo al menos 12 contratos de obra pública en Lomas de Zamora durante la gestión del exintendente. La causa abarca el período 2009-2023 e incluye la revisión de movimientos financieros, bienes y posibles maniobras de lavado de activos y direccionamiento de fondos públicos.

El juez Armella fundamentó su decisión en la conducta colaborativa de los imputados y la falta de elementos probatorios contundentes, señalando que las medidas restrictivas adoptadas son "idóneas y proporcionales" para garantizar el avance de la investigación. Por su parte, la fiscalía cuestionó la lentitud del proceso y la falta de avances concretos, mientras que las defensas resaltaron la ausencia de pruebas formales y la disposición de los acusados a colaborar con la Justicia.

El caso, que involucra figuras de relevancia política y mediática, mantiene la atención pública y evidencia tensiones entre el juzgado y la fiscalía. El resultado de los peritajes y la evolución de la causa serán determinantes para el futuro judicial de los implicados.