El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló la destitución de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien había sido apartada de su cargo en 2022 tras investigar causas de corrupción que involucraban al exgobernador Sergio Urribarri. La decisión del tribunal provincial se basó en un fallo previo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que señaló graves vicios de imparcialidad y violaciones al debido proceso en el procedimiento que llevó a la remoción de la funcionaria.

La sentencia, dictada por una conformación especial de jueces ad hoc, declaró nulo el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento y todos los actos posteriores, permitiendo así la restitución de Goyeneche en su cargo. El fallo subrayó que el tribunal que juzgó a la fiscal no fue imparcial y que la designación de un fiscal ad hoc para acusarla fue ilegítima y arbitraria. "Se violaron gravemente las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio", señalaron los jueces en su resolución.

Cecilia Goyeneche, quien estuvo a cargo de investigaciones clave sobre delitos contra la administración pública, expresó su satisfacción por el fallo y destacó la importancia de la independencia judicial. "Fue una pelea por la independencia de los fiscales que salió bien. Estoy feliz", declaró a la prensa. La funcionaria fue restituida en un acto público, acompañada por procuradores de otras provincias y representantes de la Asociación de Fiscales.

El proceso judicial que culminó con la restitución de Goyeneche duró más de cuatro años y estuvo marcado por impugnaciones, recusaciones y la intervención de organismos judiciales nacionales y provinciales. La Corte Suprema, al anular el procedimiento, no se pronunció sobre los hechos atribuidos a la fiscal, sino sobre la legalidad y legitimidad del proceso.

Tras la destitución de Goyeneche, la Legislatura de Entre Ríos reglamentó el cargo de Fiscal Anticorrupción, estableciendo que debe ser cubierto por concurso público. Actualmente, el concurso se encuentra paralizado por impugnaciones, lo que impide que Goyeneche retome plenamente sus funciones en ese cargo específico.

La restitución de Goyeneche es vista como un precedente importante para la defensa del debido proceso y la imparcialidad en juicios políticos, y refuerza el compromiso de la justicia provincial en la lucha contra la corrupción. El caso sigue generando debate sobre la independencia judicial y la transparencia en la administración pública.