El gobierno de Javier Milei envió al Senado una primera tanda de 62 pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia nacional y federal, en un contexto marcado por escándalos de corrupción y una fuerte presión sobre el sistema judicial. Entre los postulados se encuentran figuras con lazos familiares directos con miembros de la Corte Suprema y jueces federales, lo que ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la independencia del proceso de selección.

La lista incluye a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga el caso de la criptoestafa $LIBRA; y Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, quien busca una prórroga para continuar en la Cámara Federal de Casación Penal tras cumplir la edad límite. Además, se destacan postulaciones de secretarios y allegados a jueces emblemáticos de Comodoro Py y del llamado "lawfare".

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defendió la selección de los candidatos, argumentando que muchos de los pliegos ya habían sido propuestos en gestiones anteriores y que cumplen con los requisitos legales. Sin embargo, la simultaneidad del envío de estos pliegos con la presentación de un proyecto de la Corte Suprema para modificar el reglamento de selección de jueces ha sido interpretada como una maniobra política para diluir el impacto de las designaciones más polémicas.

Actualmente, el 36,5% de los cargos judiciales nacionales y federales están vacantes, una cifra que podría aumentar si no se avanza en las designaciones. La situación es especialmente crítica en la Procuración General, donde casi la mitad de los cargos están sin cubrir. El proceso de aprobación de los pliegos requiere mayoría simple en el Senado y un análisis previo en la Comisión de Acuerdos, lo que anticipa negociaciones políticas, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría propia.

Diversos sectores políticos y judiciales han expresado preocupación por la inclusión de familiares y allegados en la lista de candidatos, señalando riesgos para la independencia judicial. Desde el gobierno, se sostiene que la selección responde a criterios técnicos y que la urgencia por cubrir vacantes es prioritaria para el funcionamiento del sistema judicial. La Corte Suprema, por su parte, busca despegarse de la controversia y promueve reformas para transparentar el proceso de selección de magistrados. El desenlace de este proceso podría tener implicancias significativas para el equilibrio de poderes y la percepción pública sobre la justicia en Argentina.