Un proyecto de ley presentado en el Senado de Salta propone una reforma parcial de la Constitución Provincial para eliminar la inmunidad de arresto y de proceso, conocida como "fueros", que actualmente ampara a legisladores y altos funcionarios del Poder Ejecutivo. La iniciativa, impulsada por el senador Esteban D’Andrea, busca modificar los artículos 99 y 143 de la Carta Magna y plantea la convocatoria a una Convención Constituyente con mandato exclusivo para tratar este tema. Los convencionales serían elegidos por voto directo, trabajarían ad honorem durante 30 días y utilizarían la estructura administrativa de la Legislatura, evitando así gastos adicionales.

Según D’Andrea, el proyecto responde a un "reclamo histórico de la ciudadanía salteña por mayor transparencia y equidad en el ejercicio de la función pública". El senador remarcó que la intención no es eliminar la inmunidad parlamentaria de opinión, sino suprimir los privilegios que impiden la detención o el procesamiento judicial de funcionarios mientras ocupan un cargo público. "El cargo no puede ser un escudo. La política debe recuperar credibilidad y mostrar que nadie está por encima de la ley", enfatizó.

Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte polémica institucional. Diversos sectores advierten que la eliminación de estas protecciones podría debilitar la independencia del Poder Legislativo y exponer a los representantes electos a eventuales persecuciones judiciales o presiones políticas, especialmente en un contexto de profunda desconfianza hacia la Justicia. El antecedente de la reforma de 2021, que dejó lagunas legales por la ausencia de cláusulas transitorias, alimenta sospechas sobre las motivaciones políticas detrás del nuevo proyecto.

El debate revive la discusión sobre el uso de la Constitución como herramienta política y la necesidad de garantizar la estabilidad institucional. Observadores señalan que abrir nuevamente la Carta Magna apenas cuatro años después de la última reforma refleja una preocupante ligereza institucional y podría erosionar el valor simbólico de la ley fundamental. "La Constitución no puede modificarse cada vez que un sector busca enviar una señal política", advirtió el exconvencional Guillermo Martinelli.

Mientras tanto, la sociedad salteña observa de cerca el desarrollo de la iniciativa, que promete tensiones y un análisis profundo sobre el equilibrio entre transparencia y protección institucional. El resultado del debate podría marcar un antes y un después en la relación entre poder y justicia en la provincia, en un contexto de creciente desconfianza hacia la dirigencia política y la Justicia.