El Gobierno de Javier Milei enfrenta un complejo escenario en su intento por avanzar con la reforma electoral que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y aplicar una ley de lemas para cargos legislativos. La iniciativa, considerada clave para la estrategia de reelección presidencial y el fortalecimiento legislativo de La Libertad Avanza (LLA), se encuentra empantanada en el Senado debido a la fuerte resistencia de la UCR, el PRO y varios gobernadores provinciales.

La propuesta oficialista, liderada por Patricia Bullrich y Karina Milei, apunta a que los aliados acepten la eliminación de las primarias a cambio de mayor presencia legislativa y acuerdos de no intervención en las provincias. Sin embargo, la falta de consenso interno y la negativa de bloques opositores han frenado el avance del proyecto. "Hoy no está el número", reconoció Bullrich, quien además advirtió que la oposición no cederá en la defensa de las PASO, consideradas una herramienta fundamental para resolver internas partidarias.

En paralelo, el Gobierno explora alternativas como la suspensión de la obligatoriedad de las primarias o su reconversión en un sistema voluntario, aunque estas opciones también generan dudas jurídicas y políticas. Mientras tanto, la interna oficialista se agudiza: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo presionan por acuerdos inmediatos con los gobernadores, mientras que Karina Milei y los Menem prefieren postergar definiciones hasta después del Mundial de Fútbol 2026.

El contexto de negociaciones se complica aún más por la exigencia de los gobernadores de garantías de autonomía y no intervención nacional en sus distritos. "No hace falta que anunciemos un frente común, pero sí una señal clara de que después no van a venir a plantearnos una guerra", expresó uno de los mandatarios provinciales.

La ley de lemas, que permite sumar votos de distintos candidatos de un mismo frente, es vista con recelo por sectores opositores y algunos aliados, que temen perder capacidad de decisión en sus territorios. El debate, por ahora, permanece estancado, y el oficialismo reconoce que el tiempo juega en su contra. La posibilidad de que la reforma electoral avance antes de fin de año depende de la capacidad del Gobierno para tejer acuerdos y superar las profundas divisiones internas y externas que atraviesan el escenario político argentino.