Una lujosa mansión ubicada en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, ha desatado un escándalo político que sacude al gobierno de Javier Milei. La propiedad, valuada en más de un millón y medio de dólares y con custodia permanente de la Policía Federal, ha sido vinculada a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, en particular al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La controversia comenzó cuando la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal solicitando que se investigue el origen de los fondos utilizados para la adquisición del inmueble y la razón de la custodia policial. Según la denuncia, la vivienda figura a nombre del empresario cripto Álvaro Castro Burgueño, quien habría adquirido la propiedad poco después del lanzamiento de la criptomoneda Libra, actualmente bajo investigación judicial por presunta defraudación.

Pagano sostiene que existen indicios de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y encubrimiento, y que la custodia policial solo se asigna a funcionarios de alto rango o personas bajo riesgo judicial. "El Gobierno presiona a dueños de medios de comunicación para que no se hable de esta vivienda en Martínez", denunció la legisladora, quien también cuestionó la falta de transparencia en las declaraciones juradas de los funcionarios involucrados.

Manuel Adorni, por su parte, negó ser el propietario de la mansión y calificó el caso como una "operación política y mediática para dañar al Gobierno". Sin embargo, no desmintió de manera categórica haber residido en el inmueble, lo que ha alimentado las sospechas y el malestar en la Casa Rosada. Fuentes cercanas al gobierno admiten que conocen la identidad del ocupante, pero optan por no revelarla, incrementando la tensión y el nerviosismo en el entorno presidencial.

El escándalo se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en el gobierno de Milei, especialmente tras el colapso de la criptomoneda Libra y las investigaciones judiciales en curso. La situación ha generado un fuerte debate sobre la ética y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, mientras la Justicia avanza en la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer el caso.