Un recluso de la cárcel de Piñero y su madre fueron imputados este miércoles por una serie de extorsiones cometidas en la zona noroeste de Rosario, según informaron fuentes judiciales. Brian Leonel “Gringo” Itre, de 27 años, y su madre Analía Liliana “Paco” Itre, de 47, fueron acusados de intimidar a vecinos mediante videollamadas, en el marco de una investigación que también los vincula con la venta de drogas y un homicidio reciente.

La audiencia, realizada en el Centro de Justicia Penal y encabezada por el fiscal Franco Carbone, jefe de la unidad de Microtráfico, detalló que las intimidaciones ocurrieron en febrero y abril de este año. En uno de los hechos, una integrante del clan Itre se presentó en una vivienda de Yaguareté y Jacobacci y entregó un celular a la víctima, quien fue amenazada por Brian Itre desde la cárcel. El recluso exigió dinero bajo la acusación de que la víctima vendía drogas, aunque la investigación no corroboró esa versión. Ante la presión, la víctima transfirió medio millón de pesos a la cuenta de Analía Itre.

En otro episodio, el 8 de abril, Analía y Brian Itre amenazaron a Gabriel Saucedo cerca de un kiosco en Jacobacci al 9000, tras una pelea relacionada con la compra de drogas. “Acá está mi hijo, el Gringo. Te va a hacer matar”, le advirtió la mujer mostrando el celular. Horas después, Saucedo fue asesinado de un disparo en la cabeza, hecho que la fiscalía investiga como posiblemente vinculado a las amenazas previas.

Familiares de Saucedo relataron en medios locales que las amenazas y la violencia se intensificaron tras una disputa entre mujeres en un búnker del clan Itre. “La madre de las chicas lo amenazó a mi hermano, le dijo: ‘va a haber bala para vos, vas a ver lo que te va a pasar’”, contó una hermana de la víctima. Esa misma noche, un grupo armado regresó al lugar y disparó contra quienes estaban en la vereda, resultando Saucedo mortalmente herido.

El juez Florentino Malaponte dictó prisión preventiva efectiva para Brian y Analía Itre, además de prohibirle al recluso visitas y comunicaciones con un grupo de personas. También autorizó el derribo de dos inmuebles identificados como puntos de venta de droga y la devolución de una propiedad a una familia extorsionada. El caso pone en foco la problemática de las extorsiones y el narcotráfico en Rosario, así como la capacidad de algunos reclusos para operar desde el interior de las cárceles.