Un escándalo sacude al Poder Judicial de Río Negro tras la confirmación de la desaparición de más de 100 armas de fuego de los depósitos judiciales de General Roca. La situación fue descubierta luego de que, en un operativo policial, se hallara un arma que debía estar bajo custodia judicial en poder de delincuentes, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad y el control de los bienes secuestrados en causas penales.

La investigación, que avanza tanto en el ámbito penal como administrativo, está a cargo de la fiscal Teresa Giuffrida y del Auditor General del Poder Judicial, Juan Manuel Montoto Guerrero. Según fuentes oficiales, el faltante de armas fue detectado tras un relevamiento integral ordenado por el Superior Tribunal de Justicia, que también dispuso la separación preventiva de al menos tres empleados del área mientras se esclarecen los hechos.

El depósito judicial de Roca, donde se resguardan entre 200 y 500 armas, no había sido sometido a un arqueo general desde 2023, lo que abre interrogantes sobre el período en que se produjo la desaparición. "Lo único que puedo informar es que se está investigando el faltante de más de 100 armas", señaló una fuente judicial, mientras que otros funcionarios confirmaron la cifra y la gravedad de la situación.

La custodia de las armas incautadas en causas penales es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial desde la reforma procesal de 2017, sin intervención de la Policía. El hallazgo de un arma en un hecho delictivo reciente motivó la revisión de inventarios y la ampliación de la denuncia penal, extendiendo la investigación a otras circunscripciones de la provincia, aunque hasta el momento la irregularidad parece limitada a Roca.

El caso ha generado preocupación por el posible retorno de armas al circuito delictivo y por el impacto en causas judiciales abiertas, donde estos elementos constituyen pruebas fundamentales. El Poder Judicial ha señalado que el objetivo primordial es reforzar los mecanismos de control interno y asegurar la trazabilidad de los secuestros, anticipando la adopción de medidas precautorias y sanciones administrativas según los resultados de la auditoría en curso.

Por ahora, la investigación se mantiene bajo estricta reserva para no entorpecer la recolección de pruebas y testimonios. Se espera que, a medida que avancen las pesquisas, se esclarezcan las responsabilidades y se implementen reformas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.