La controversia por el cobro de tasas adicionales en las facturas de gas en la provincia de Buenos Aires ha escalado a un nuevo nivel judicial. A pesar de la prohibición impuesta por la Secretaría de Industria y Comercio, que determinó que solo pueden incluirse en las boletas conceptos estrictamente vinculados al servicio, varios municipios bonaerenses han logrado mantener el cobro de cargos extra gracias a medidas cautelares y fallos judiciales favorables.

Actualmente, usuarios de distribuidoras como Naturgy y Camuzzi en distritos como Pilar, Moreno, Ituzaingó y Escobar reciben en sus facturas un ítem denominado “Percepciones por manda judicial”, que puede incrementar el costo del gas hasta en un 10%. A este recargo se suma un adicional del 4% que cobra la provincia de Buenos Aires, destinado a un fondo especial para obras de gas, creado por la ley provincial 8474. Este fondo busca financiar inversiones en infraestructura de gas natural y otros derivados, y afecta a la mayoría de los usuarios residenciales bonaerenses, salvo excepciones como el partido de Carmen de Patagones.

El conflicto se originó cuando la Secretaría de Industria y Comercio, en septiembre de 2024, prohibió la inclusión de tributos locales en las facturas de servicios públicos. Sin embargo, municipios y la provincia recurrieron a la Justicia, obteniendo sentencias y medidas cautelares que les permiten seguir recaudando estos cargos. El Gobierno nacional apeló estas decisiones y el caso aguarda una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, relanzó la ofensiva contra el cobro de estas tasas, argumentando que representan una carga adicional para los consumidores y afectan la competitividad del país. Para transparentar la situación, el Ministerio lanzó un portal que expone las diferencias de presión fiscal entre los municipios.

Mientras tanto, los usuarios pueden solicitar la exclusión de estos cargos a través de las páginas web de las distribuidoras, sin riesgo de corte de servicio por falta de pago de los mismos, según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). El debate continúa, enfrentando la necesidad de financiamiento local con el reclamo por una menor carga impositiva en los servicios públicos, y pone en agenda la discusión sobre la autonomía municipal y la presión fiscal en Argentina.