Durante 2025, el Delta del Paraná volvió a ser escenario de graves incendios forestales que afectaron más de 30.000 hectáreas entre enero y septiembre, según informes de la Universidad Nacional de Rosario y entidades ambientales. El mes de septiembre fue especialmente crítico, con más de 13.000 hectáreas quemadas, lo que equivale a más de 200 veces la superficie del parque Independencia de Rosario. Si bien la magnitud es menor que en los años de la pandemia, el fenómeno sigue generando alarma por sus consecuencias ambientales, sanitarias y sociales.

El drama del fuego y el humo en las ciudades costeras, especialmente Rosario, motivó una jornada pública en el Concejo Municipal, donde funcionarios, fiscales, organizaciones ambientales y vecinos debatieron sobre las causas y las deudas pendientes en materia judicial. El fiscal federal Claudio Kishimoto detalló que existen causas en curso desde 2020, cuando se denunciaron incendios que afectaron 400 mil hectáreas. "La Justicia habla, a veces tardíamente, pero habla", señaló Kishimoto, quien remarcó la importancia de las herramientas legales para denunciar y sancionar a los responsables.

El informe técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR atribuye el origen de los incendios principalmente a prácticas humanas, como la quema de pastizales secos en la previa a la primavera, una costumbre ganadera que se repite año tras año. Sin embargo, representantes de los productores rurales rechazan ser los responsables directos y apuntan a la falta de controles sobre el turismo y otras actividades en las islas. "El productor arraigado padece los incendios y sufre pérdidas materiales", afirmó Ángel Borello, de la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe.

Las organizaciones socioambientales, por su parte, advierten sobre el "ecocidio" y el impacto profundo en la biodiversidad y la salud pública. "Creo que aún no dimensionamos el impacto del humo en nuestra salud", alertó Rodolfo Martínez, de Multisectorial Humedales. El Observatorio Ambiental de la UNR presentó resultados de monitoreos recientes que confirman daños severos en el ecosistema.

El área afectada este año representa el 42% de lo quemado en 2008, cuando se activaron acuerdos interprovinciales para la protección del humedal. Los especialistas insisten en que la gobernanza compartida y la coordinación entre provincias son esenciales para enfrentar el problema. "Solo a través de una gestión conjunta será posible reducir la vulnerabilidad de nuestros humedales y garantizar la protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen de estos ecosistemas", concluye el informe de la UNR.

El debate público continúa, con reclamos de sanciones, mayor control y acciones preventivas para evitar la repetición de estos eventos en el futuro inmediato.