El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una investigación judicial y mediática tras ser denunciado por presunta omisión de bienes y enriquecimiento ilícito. La controversia surgió cuando la diputada Marcela Pagano presentó pruebas de que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, adquirió en noviembre de 2024 una casa en el exclusivo country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Según la documentación catastral, Angeletti figura como única titular de la propiedad, valuada entre 129.000 y 249.000 dólares, pero la vivienda no fue incluida en la declaración jurada patrimonial de Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

La denuncia sostiene que, aunque la ley obliga a los funcionarios a declarar el patrimonio de sus cónyuges, el acceso público a estos datos es restringido desde una reforma de 2013. La diputada Pagano amplió la denuncia judicialmente, señalando que las expensas del lote 380 del country comenzaron a figurar a nombre de Angeletti y que la familia realizó obras de gran magnitud en la propiedad. "Lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes", afirmó Pagano.

El caso se agrava por la acumulación de otras investigaciones sobre Adorni, incluyendo viajes en avión privado a Punta del Este y presuntas irregularidades en contrataciones estatales, como la concesión de Tecnópolis y servicios de mensajería. El juez federal Ariel Lijo investiga si los vuelos privados pueden constituir delitos de dádivas o enriquecimiento ilícito. Por su parte, Adorni evitó responder directamente a los medios y derivó las consultas a su abogado, quien indicó que la información está bajo investigación judicial.

Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei ratificó a Adorni en su cargo, mientras que la diputada oficialista Lilia Lemoine minimizó la polémica, describiendo la vivienda como "una casa reformada en un country de clase media". Sin embargo, la oposición insiste en la necesidad de esclarecer el origen de los fondos y la transparencia en la declaración de bienes de los funcionarios públicos. El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre la ética y la transparencia en la gestión estatal argentina, y podría tener implicancias futuras en la regulación del acceso a la información patrimonial de los funcionarios.