El gobierno argentino atraviesa una de sus mayores crisis políticas y judiciales tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. Las grabaciones, difundidas por medios de streaming y periodistas, involucran presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y han desatado una serie de denuncias de espionaje ilegal, censura previa y una fuerte interna en el oficialismo, todo en el contexto de las próximas elecciones bonaerenses.

El escándalo comenzó con la difusión de audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos pagos ilegales que involucrarían a Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. A raíz de estos hechos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que los audios fueron grabados ilegalmente en el Congreso y calificó la situación como un intento deliberado de desestabilización política.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó esta postura y denunció públicamente espionaje ilegal, solicitando medidas judiciales que incluyeron el pedido de allanamiento a periodistas y medios que difundieron los audios. Esta solicitud generó un fuerte rechazo por parte de entidades periodísticas y constitucionalistas, quienes advirtieron sobre el riesgo de censura previa y la afectación a la libertad de prensa.

El fiscal Carlos Stornelli tomó la denuncia y decidió impulsar la investigación, aunque rechazó la posibilidad de allanar domicilios de periodistas, en línea con la protección constitucional de las fuentes de información. Paralelamente, el juez Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar para prohibir la difusión de los audios grabados en Casa Rosada, decisión que fue ampliamente criticada por especialistas y organizaciones de prensa.

En medio de la crisis, el presidente Javier Milei reunió a su gabinete en la Casa Rosada para alinear la gestión y definir los próximos pasos, mientras la interna libertaria y las acusaciones cruzadas entre funcionarios complican el escenario político. La Agencia Nacional de Discapacidad permanece bajo investigación por presuntos sobreprecios y pagos ilegales, y el escándalo impacta directamente en la campaña electoral y en la promesa de transparencia del gobierno.

El oficialismo sostiene que es víctima de una operación política y de inteligencia destinada a desestabilizar el gobierno en plena campaña electoral, mientras la oposición y sectores críticos señalan el intento de silenciar periodistas y desviar el foco de las denuncias de corrupción. La justicia continúa investigando ambas líneas, en un contexto de alta tensión política y social a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.