El caso de Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por una acusación de injuria racial, ha escalado en tensión política en Argentina. La senadora Patricia Bullrich denunció públicamente que la diputada Marcela Pagano y el expresidente Alberto Fernández habrían condicionado su ayuda a la familia de Páez a cambio de un agradecimiento público, lo que, según Bullrich, fue rechazado por los allegados de la joven. “No están para especulaciones ni para juegos políticos”, expresó la senadora, subrayando la desesperación de la familia y la prioridad de lograr el regreso de Agostina al país.

El conflicto se intensificó luego de que la Justicia brasileña decidiera mantener a Páez en Río de Janeiro bajo medidas cautelares, postergando su regreso a la Argentina entre 10 y 20 días. Esta decisión sorprendió a la defensa y a la familia, quienes esperaban una resolución favorable tras la unificación de la acusación en un solo delito de injuria racial, con una pena mínima y excarcelable. La abogada defensora, Carla Junqueira, anunció la presentación de un hábeas corpus para intentar revertir la medida.

En medio de la controversia, el canciller Pablo Quirno y el consulado argentino fueron reconocidos por su trabajo diplomático desde el inicio del caso. Quirno destacó que la Cancillería actuó de manera “sigilosa” y coordinada con la defensa, aunque aclaró que el gobierno no puede garantizar el retorno inmediato ni asumir el rol de garante legal.

Por su parte, Pagano y Fernández defendieron su intervención, argumentando que su gestión fue clave para el avance del caso y criticaron la falta de apoyo del gobierno actual. Pagano, en particular, se presentó como fiadora solidaria y agradeció públicamente a Fernández por su colaboración, mientras cuestionó la actitud de Bullrich y la Cancillería.

El caso, que comenzó como un proceso judicial en Brasil, se transformó en un tema de debate político en Argentina, con acusaciones cruzadas sobre el uso del dolor de la familia para obtener rédito partidario. Mientras tanto, la familia de Páez insiste en evitar la politización y pide que se priorice el bienestar de Agostina, a la espera de una pronta resolución judicial que le permita regresar al país.