Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno argentino, se encuentra en el centro de una investigación judicial que examina el origen y justificación de su patrimonio. La controversia se profundizó en los últimos días tras trascender que el funcionario podría ampararse en la recientemente sancionada "Ley de Inocencia Fiscal" para justificar movimientos de dinero y gastos que actualmente analiza la Justicia federal.

La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, apunta a determinar si los movimientos económicos y el patrimonio de Adorni son compatibles con sus ingresos declarados. Según el expediente judicial, el funcionario habría movilizado más de 104.000 dólares en efectivo en poco más de un año, sin que hasta el momento exista respaldo documental suficiente para esos fondos. La fiscalía intenta establecer el origen de ese dinero, mientras que la defensa de Adorni sostiene que cuenta con toda la documentación necesaria para justificar sus gastos.

Uno de los focos principales de la investigación es la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, así como la utilización de préstamos informales y la existencia de deudas que, en total, superarían los 335.000 dólares. Además, la Justicia analiza un viaje realizado por Adorni y su familia a Punta del Este en avión privado, presuntamente financiado por el productor televisivo Marcelo Grandio. Aunque Adorni aseguró públicamente que pagó el viaje con dinero propio, el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y abonado por Grandio.

El expediente también investiga posibles vínculos irregulares entre la productora Imhouse, propiedad de Grandio, y la TV Pública, revisando contratos y comunicaciones entre los involucrados. En Comodoro Py, fuentes judiciales señalaron que se esperan las últimas medidas de prueba antes de decidir si Adorni será citado a declaración indagatoria antes de la feria judicial de invierno.

La "Ley de Inocencia Fiscal", aprobada en 2026, fue impulsada por el gobierno de Javier Milei con el objetivo de incentivar el blanqueo de dólares fuera del sistema financiero y elevar los umbrales de evasión tributaria. Sin embargo, la posibilidad de que funcionarios públicos puedan acogerse a este régimen generó críticas y un intenso debate sobre la transparencia y el control patrimonial en la función pública. Mientras tanto, el caso Adorni continúa generando repercusiones políticas y mediáticas, y podría tener implicancias significativas para el gobierno nacional en los próximos meses.