El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció una serie de reformas legislativas que incluyen cambios en las normativas sobre expropiaciones, desalojos exprés y la venta de tierras a extranjeros. Estas iniciativas, que serán enviadas al Congreso, buscan facilitar la llegada de inversiones y modificar el marco legal vigente desde 2011, que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros al 15% del total nacional. Según fuentes oficiales, el nuevo proyecto permitirá que ciudadanos extranjeros tengan los mismos derechos que los argentinos para adquirir tierras, aunque se mantendrán restricciones para evitar la compra por parte de Estados extranjeros o empresas estatales. "La soberanía no se va a ver afectada", enfatizaron desde la Casa Rosada, asegurando que las zonas protegidas no serán incluidas en la reforma.

En paralelo, el gobierno anunció un aumento en el presupuesto militar, destinando el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para las Fuerzas Armadas. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó la medida afirmando que es necesario "reconstruir" la capacidad de defensa nacional, argumentando que las Fuerzas Armadas han sido desfinanciadas desde el retorno de la democracia en 1983. "Es hora de pasar página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas; es hora de reconstruir el instrumento militar", declaró Adorni.

El anuncio del aumento militar se produjo un día después de la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, lo que generó críticas de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición. Estos grupos advierten sobre el riesgo de retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia, especialmente en un contexto de recortes presupuestarios en políticas de derechos humanos. El gobierno, por su parte, sostiene que las reformas buscan promover inversiones y fortalecer la soberanía nacional, mientras que la oposición insiste en la necesidad de mantener los límites a la extranjerización de la tierra y garantizar el respeto a los derechos humanos.

El debate sobre estas reformas se da en un contexto de ajuste fiscal y polarización política, con implicancias que podrían impactar tanto en la economía como en la relación del Estado con la sociedad civil y los organismos internacionales.