La Argentina atraviesa la peor crisis sanitaria de su historia tras la muerte de al menos 173 pacientes por la administración de fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes. El escándalo, que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, salió a la luz en mayo de 2025 cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote inusual de infecciones en pacientes que habían recibido el anestésico. La denuncia activó una investigación judicial y sanitaria de gran magnitud, que rápidamente reveló graves fallas en la cadena de producción, control y distribución del medicamento.

Las pericias oficiales confirmaron la presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp. en las ampollas de fentanilo, lo que incrementó significativamente el riesgo de muerte en pacientes críticos. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, destacó la dificultad para reconstruir los hechos debido a la fragmentación y falta de digitalización de las historias clínicas, lo que motivó un reclamo por un sistema unificado y seguro de registros médicos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió alertas nacionales, prohibió el uso de los lotes contaminados y clausuró las plantas de los laboratorios implicados. A pesar de los esfuerzos, solo la mitad de las ampollas contaminadas pudo ser recuperada en allanamientos realizados en hospitales y droguerías de varias provincias.

El proceso judicial avanzó con el procesamiento de 14 directivos y responsables de los laboratorios, de los cuales seis permanecen detenidos. Las investigaciones también revelaron intentos de ocultamiento, falsificación de registros y deficiencias en los controles estatales. El Congreso, por su parte, creó una comisión especial que recomendó la digitalización obligatoria de historias clínicas para mejorar la trazabilidad de medicamentos.

El impacto social fue inmediato: familiares de las víctimas organizaron marchas en La Plata y Rosario, exigiendo justicia y sanciones ejemplares. La comunidad afectada, que se define como plural y apartidaria, reclama memoria y reparación, mientras la causa sigue abierta y el número final de víctimas aún no ha sido determinado. El caso es considerado una de las mayores tragedias sanitarias del país, comparable a Cromañón u Once, y ha motivado alertas internacionales por parte de la OMS.