El reciente suicidio del suboficial Bruno Escobar, de 25 años, en la ciudad de Rosario, ha vuelto a poner en el centro del debate la situación de la salud mental dentro de la policía de Santa Fe. Escobar, oriundo de San Joaquín, era recordado por sus compañeros como un joven comprometido y solidario, lo que ha profundizado el impacto de su fallecimiento en la fuerza y en la comunidad policial.

Este caso no es un hecho aislado. Según denuncias de organizaciones como APROPOL, se trata de una problemática estructural que se repite y se agrava con el tiempo. La entidad ha solicitado formalmente información sobre la cantidad de suicidios, intentos y licencias psiquiátricas, así como sobre los dispositivos de acompañamiento existentes, pero hasta el momento no ha recibido respuestas oficiales. "El expediente administrativo iniciado no ha sido respondido, lo que configura una dolosa tarea de ocultamiento por parte de la gestión provincial", señalan desde APROPOL.

La falta de estadísticas públicas y la negativa a activar los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo, previstos por la Ley Provincial N.º 12.913, son otros de los puntos críticos señalados por los representantes policiales. Estos comités permitirían la participación de los trabajadores en la detección de riesgos psicosociales y condiciones laborales dañinas, pero no se encuentran en funcionamiento, según las denuncias.

El impacto de estos hechos trasciende lo individual y pone en cuestión la capacidad del Estado para garantizar la salud y el bienestar de quienes integran las fuerzas de seguridad. "No hay seguridad pública posible si quienes deben garantizarla están solos, exhaustos y desamparados", advierten desde el sector. La reiteración de suicidios y la ausencia de respuestas oficiales han generado un clima de preocupación y reclamo por parte de familiares, compañeros y organizaciones vinculadas a la policía.

El caso de Bruno Escobar se suma a otros recientes y refuerza la demanda de políticas preventivas y de transparencia en la gestión de la salud mental policial. La comunidad espera que el Estado asuma un rol activo y que se implementen medidas concretas para evitar nuevas tragedias en el futuro.