La exclusión de la empresa estatal bonaerense Aubasa de la licitación para la concesión de la Ruta 226 y otros corredores viales generó una fuerte disputa entre el gobierno nacional y el provincial. El proceso, que forma parte de la privatización de rutas nacionales impulsada por la administración de Javier Milei, involucra la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas estratégicas en Buenos Aires y otras provincias, con una inversión estimada en más de $170.000 millones.

La comisión evaluadora del proceso licitatorio resolvió dejar fuera de competencia a Aubasa y a otras seis empresas privadas, argumentando que la empresa estatal no cumplía con los requisitos de experiencia técnica exigidos en los pliegos. Según fuentes oficiales, Aubasa no acreditó una experiencia mínima de diez años en ejecución directa de obras viales, y la subcontratación de terceros no fue considerada suficiente.

Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, denunciaron que la exclusión de Aubasa responde a criterios arbitrarios y a una falta de transparencia en el proceso. "Se cambiaron las reglas de juego a último momento, introduciendo nuevas exigencias técnicas y financieras sin consulta", afirmó Katopodis, quien además solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar la transparencia del trámite.

Aubasa sostiene que se le aplicaron criterios más restrictivos que a otros oferentes y que la decisión afecta la competencia y la legalidad del proceso. "Esto demuestra que la decisión adoptada se basa en criterios arbitrarios, afectando la transparencia y legalidad del proceso", indicó la firma en un comunicado.

El conflicto amenaza con derivar en impugnaciones administrativas y judiciales que podrían demorar la adjudicación y el inicio de las obras, que impactarían sobre millones de bonaerenses. Mientras tanto, consorcios privados históricos como Roggio, Chediak, Vial Agro y la constructora de Cristóbal López siguen en carrera por la concesión de los corredores viales.

El resultado de este proceso definirá no solo el futuro de la infraestructura vial bonaerense, sino también el esquema de tarifas y la cantidad de peajes en las rutas concesionadas. El gobierno nacional defiende la exclusión de Aubasa como una medida para garantizar la inversión privada y la modernización de la red vial, mientras que la provincia insiste en que la empresa estatal cumple con todos los requisitos y presenta la mejor propuesta técnica y operativa.

La controversia por la concesión de rutas bonaerenses se suma a la serie de disputas políticas y financieras entre Nación y Provincia, en un contexto de creciente tensión institucional.