La justicia de Estados Unidos ratificó un fallo favorable para la Argentina en el caso conocido como "Cupón PBI", evitando así el pago de USD 500 millones reclamados por fondos de inversión internacionales. El litigio, que se desarrolló en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, se originó por la supuesta manipulación de los datos del Producto Bruto Interno (PBI) en 2013, lo que afectó el pago de bonos emitidos en el marco de la reestructuración de deuda argentina.

El tribunal estadounidense rechazó el pedido de los demandantes, encabezados por Aurelius Capital, de revisar la decisión previa, ratificando el fallo de la jueza Loretta Preska dictado en julio de 2024. En esa sentencia, se determinó que los fondos no habían cumplido con la cláusula de "No Acción" prevista en los contratos, requisito indispensable para iniciar el reclamo vinculado a los cupones PBI.

El cupón PBI fue creado en 2005 y 2010 como incentivo para la adhesión al canje de deuda tras el default de 2001. Este instrumento financiero establecía pagos adicionales a los bonistas si la economía argentina crecía más de un 3% anual, hasta 2035. Sin embargo, el país dejó de realizar pagos desde 2011, cuando no se alcanzó el nivel de crecimiento requerido.

La controversia se centró en el cambio de la base de cálculo del PBI realizado en 2014, bajo la gestión del entonces ministro Axel Kicillof. La metodología anterior, basada en datos de 1993, fue reemplazada por una nueva estructura con año base 2004. Este ajuste provocó que la estimación de crecimiento del PBI de 2013 fuera menor, lo que desencadenó los reclamos judiciales de los inversores. Según los demandantes, el crecimiento reportado fue de 3,2%, por debajo del umbral contractual, mientras que con la base anterior habría sido de 4,9%.

El gobierno argentino celebró el fallo como un triunfo legal y económico, destacando el compromiso de la Procuración del Tesoro de defender los intereses nacionales. No obstante, los fondos demandantes podrían intentar nuevas acciones legales corrigiendo aspectos técnicos del reclamo. Analistas advierten que el litigio podría continuar en otras instancias, aunque por el momento Argentina evita una obligación de pago estimada en USD 500 millones.

Este caso se suma a otros juicios internacionales que enfrenta el país, como el de la expropiación de YPF, y refleja la complejidad de los litigios derivados de la reestructuración de deuda y la gestión de estadísticas oficiales.