El Gobierno argentino reforzó en agosto su estrategia para contener la volatilidad del dólar y mantener la estabilidad fiscal, en un contexto marcado por presiones políticas y económicas. La administración de Javier Milei, junto al ministro de Economía Luis Caputo, puso en marcha una serie de medidas monetarias y fiscales para evitar que el dólar oficial supere el techo de la banda cambiaria, fijado en $1.450, y para sostener el superávit primario exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre las acciones más destacadas se encuentra la licitación de letras del Tesoro, realizada fuera del cronograma habitual y dirigida exclusivamente a bancos, con el objetivo de absorber pesos excedentes y evitar presiones sobre el tipo de cambio. Además, el Banco Central aumentó los encajes bancarios, una medida que, según analistas, no es marginal y alcanza niveles no vistos desde 1993. Estas decisiones buscan restringir la liquidez y mantener altas las tasas de interés, desincentivando la demanda de dólares.

En una reunión con legisladores en la Quinta de Olivos, el presidente Milei aseguró que el Gobierno hará "todo lo necesario" para preservar el sistema de bandas cambiarias, incluso recurriendo a la venta de reservas obtenidas a través del reciente desembolso del FMI. Sin embargo, fuentes cercanas al Palacio de Hacienda advierten que existen cláusulas en el acuerdo con el organismo internacional que podrían limitar la capacidad de intervención directa en el mercado cambiario, lo que explica la preferencia por herramientas monetarias.

El resultado fiscal de julio mostró un nuevo superávit, logrado a través de un fuerte ajuste en áreas como subsidios económicos, obra pública y programas sociales, mientras el gasto en jubilaciones y pensiones continuó creciendo por la indexación automática. Según datos oficiales y privados, los subsidios cayeron 26,6% interanual en julio y la obra pública 42%, mientras el gasto en jubilaciones aumentó 13%.

La política económica del Gobierno está fuertemente condicionada por el acuerdo con el FMI, que exige un superávit primario del 1,6% del PBI y limita la intervención cambiaria. El organismo internacional considera este objetivo fiscal como fundamental para la estabilidad financiera del país. En paralelo, la inflación mostró una desaceleración, aunque el ritmo de ajuste fiscal genera tensiones sociales y gremiales, especialmente en sectores afectados por la reducción de subsidios y obra pública.

De cara a las elecciones legislativas, el Gobierno busca evitar cualquier señal de inestabilidad cambiaria que pueda generar incertidumbre. Analistas consultados destacan la efectividad de las medidas en el corto plazo, pero advierten sobre los riesgos de sostenibilidad fiscal y presión social. El mercado permanece atento a la evolución de las políticas oficiales y a posibles restricciones adicionales impuestas por el FMI.