El conflicto entre el gobierno de Chubut y la empresa pesquera Red Chamber ha puesto en vilo al sector pesquero provincial y nacional. Todo comenzó cuando el gobernador Ignacio Torres rescindió el contrato con Red Chamber, alegando incumplimientos contractuales. La empresa, que opera en la provincia desde 2014 y había invertido más de 70 millones de dólares, rechazó la decisión y denunció inseguridad jurídica, elevando el caso a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado.

La situación se agravó cuando Red Chamber presentó una demanda civil en tribunales estadounidenses, acusando a la multinacional Profand y mencionando al ex ministro de Economía de Chubut, Andrés Meiszner, por un presunto pedido de soborno de 6,5 millones de dólares para revertir la rescisión del contrato. El gobierno provincial negó cualquier conducta ilícita y sostuvo que la demanda es un diferendo entre empresas privadas, no contra funcionarios públicos.

En medio de la controversia, el gobierno de Chubut y Red Chamber alcanzaron un acuerdo que permite a la empresa retener ciertos activos y construir una nueva planta industrial en Trelew, bajo la protección del Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, el otorgamiento de nuevos permisos de pesca generó preocupación entre las cámaras empresariales y gremios, quienes advirtieron sobre el impacto ambiental y la necesidad de respetar los procedimientos técnicos y legales.

La Legislatura provincial intervino, aprobando pedidos de informe para esclarecer la transferencia de activos y permisos de pesca, mientras legisladores opositores denunciaron falta de transparencia y posibles nulidades en los contratos. El gobierno finalmente retiró el proyecto de ampliación de permisos tras el reclamo sectorial y los riesgos para la certificación internacional de sostenibilidad del langostino patagónico.

El sector pesquero de Chubut, fundamental para la economía regional y nacional, enfrenta una crisis marcada por la competencia entre empresas, la presión por la sostenibilidad del recurso y la necesidad de mantener la certificación internacional MSC, clave para las exportaciones. Mientras el gobierno y Red Chamber destacan el nuevo acuerdo como una solución, cámaras empresariales y gremios permanecen alertas y exigen mayor transparencia y respeto a la legislación vigente. El desenlace del conflicto podría tener implicancias significativas para la administración de los recursos pesqueros y la inversión extranjera en la provincia.