Salta. Una niña de 12 años abusada se encadenó a un edificio judicial para evitar la interrupción de su embarazo
• Una niña wichí de 12 años, embarazada tras abuso, se encadenó en Tartagal para evitar la interrupción de su embarazo. • La Justicia investiga el caso y la menor recibe acompañamiento médico y legal. • El caso reabre el debate sobre derechos y salud infantil.



Una niña de 12 años, perteneciente a la comunidad wichí de Tartagal, Salta, se encadenó esta semana en la sede judicial local para evitar la interrupción de su embarazo, producto de un abuso sexual. La menor, que cursa cinco meses de gestación, interpretó una citación judicial como un intento de obligarla a abortar, lo que motivó su protesta acompañada por su madre y referentes de la comunidad.
El caso, que ha generado conmoción en la provincia y el país, se encuentra bajo investigación judicial. El Juzgado de Garantías N°2 de Tartagal ordenó la detención de un joven de 19 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal. La menor fue asistida por una psicóloga y una referente wichí, quienes le explicaron que la audiencia era para tomar su testimonio y no para forzar una interrupción del embarazo. Tras recibir la aclaración, la niña declaró en un entorno protegido y la causa judicial siguió su curso.
Patricia Leal, directora de Materno e Infancia de Salta, confirmó que la menor está bajo seguimiento médico desde octubre, cuando se detectó el embarazo durante un operativo sanitario. "Nuestra responsabilidad ahora es cuidarla, acompañarla y evitar cualquier complicación", afirmó Leal, quien detalló que la niña recibe controles médicos, apoyo psicológico y social, y que su estado de salud es estable pese al alto riesgo obstétrico por su edad.
El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que la menor fue internada inicialmente para estudios completos y que continúa con controles ambulatorios. La familia y la comunidad wichí han manifestado su apoyo a la decisión de la niña de continuar con la gestación, mientras que organismos estatales garantizan el acceso a información y cuidados integrales.
El caso reabre el debate sobre los derechos de las niñas, la salud pública y la protección de menores en contextos de vulnerabilidad social y cultural. La ley argentina contempla la interrupción legal del embarazo en casos de abuso, pero no obliga a la víctima a abortar. Las autoridades insisten en el respeto a la voluntad de la menor y en la necesidad de acompañamiento interdisciplinario para resguardar su salud física y mental.
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