Las investigaciones judiciales que involucran a miembros de la familia Menem, entre ellos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, han tomado relevancia tras la difusión de audios y denuncias que apuntan a presuntas irregularidades en contratos estatales y compras públicas. El denominado "caso Spagnuolo" se originó a partir de grabaciones clandestinas en las que el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, menciona supuestos sobornos y sobreprecios en la adquisición de medicamentos, con la participación de la empresa Suizo Argentina y la posible implicancia de funcionarios cercanos al gobierno.

Las causas, radicadas principalmente en los tribunales federales de Comodoro Py, cuentan con la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y avanzan en la recolección de pruebas, incluyendo registros telefónicos y documentación de licitaciones. Los abogados defensores de los implicados han cuestionado la validez de las escuchas como prueba, mientras que los principales señalados, Lule Menem y Martín Menem, han negado cualquier vinculación con los hechos y denunciado una "operación política" en su contra.

Otra línea de investigación relevante involucra a Tech Security SRL, empresa vinculada a la familia Menem, cuyo contrato con el Banco Nación por cerca de 4.000 millones de pesos está bajo la lupa judicial. Además, se investigan denuncias de cobro de retornos en delegaciones de PAMI en varias provincias, con testimonios que vinculan a responsables locales con el esquema político de Lule Menem.

El PAMI, por su parte, enfrenta críticas tras centralizar la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas, con precios pagados por el Estado que superan ampliamente los valores de mercado. La entidad justifica el nuevo esquema por razones de trazabilidad y control, pero médicos y prestadores advierten sobre el posible sobreprecio y el impacto en el sistema de salud.

En el contexto de las elecciones legislativas, el desarrollo de estas causas ha generado tensión política y mediática, con sectores del oficialismo atribuyendo las denuncias a maniobras de desgaste impulsadas por la oposición. Mientras tanto, la Justicia avanza en la investigación para determinar la existencia de sobreprecios, cartelización y desvío de fondos públicos, en un escenario que podría tener implicancias significativas para el gobierno y sus principales figuras.