El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus semanas más turbulentas tras la aparición de múltiples denuncias de corrupción y tensiones internas que involucran a figuras centrales de la administración. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra bajo investigación por el uso de vuelos privados, presunto enriquecimiento ilícito y posibles dádivas, luego de que se revelara que parte de sus viajes habrían sido financiados por empresas vinculadas al Estado. La diputada Marcela Pagano presentó denuncias penales, mientras que la justicia investiga la triangulación de contratos que involucran a la esposa de Adorni y varias empresas públicas.

Simultáneamente, la causa de la criptomoneda $LIBRA ha puesto en la mira al propio presidente Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Peritajes telefónicos revelaron comunicaciones entre ambos y el principal acusado, Mauricio Novelli, antes del lanzamiento de la cripto, contradiciendo declaraciones previas del mandatario. El caso, considerado por algunos como la mayor estafa cripto global, podría tener derivaciones judiciales en Estados Unidos, lo que añade presión internacional al gobierno argentino.

La reacción oficial ha sido priorizar la búsqueda de los responsables de las filtraciones internas y la defensa pública de los funcionarios implicados. Karina Milei, visiblemente afectada por la situación, solicitó a ministros y colaboradores que respalden a Adorni, mientras que el gobierno denuncia una campaña mediática en su contra. Sin embargo, la falta de explicaciones claras y la ausencia de pruebas documentales sobre los gastos y contratos han incrementado la desconfianza tanto dentro como fuera del oficialismo.

En paralelo, la economía argentina muestra signos de estancamiento, con inflación acumulada y pérdida de empleos, lo que agrava el clima de inestabilidad política. La Fundación Faro, cercana al oficialismo, también enfrenta cuestionamientos por gastos en publicidad y falta de transparencia en sus balances.

El escándalo ha profundizado las divisiones internas, especialmente entre Karina Milei y Patricia Bullrich, y ha puesto en duda la capacidad del gobierno para sostener su promesa de transparencia y austeridad. La credibilidad presidencial se ve erosionada, mientras la oposición y la sociedad exigen respuestas concretas y una investigación a fondo de los hechos.