El juez federal Alfredo López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, presentó su renuncia en medio de un proceso disciplinario por presuntas expresiones antisemitas en redes sociales. La dimisión, formalizada el 8 de abril, se produce mientras el Consejo de la Magistratura avanzaba en un expediente por mal desempeño, que podría haber derivado en un jury de enjuiciamiento.

López argumentó que su decisión responde a razones de salud y negó que esté relacionada con las denuncias en su contra. Sin embargo, el Gobierno nacional aún no ha aceptado la renuncia y solicitó al Consejo de la Magistratura un informe detallado sobre el estado de los procesos disciplinarios activos. Según fuentes oficiales, la aceptación de la dimisión está supeditada a la verificación de que no existan causas abiertas que comprometan la responsabilidad institucional del magistrado.

Las denuncias contra López fueron impulsadas por organizaciones como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), que lo acusan de promover el odio y la discriminación hacia la comunidad judía a través de al menos 17 publicaciones en la red social X. Entre los mensajes cuestionados figuran frases y expresiones consideradas antisemitas y hostiles hacia el Estado de Israel y la colectividad judía. El dictamen acusatorio, elaborado por el senador Luis Juez, sostiene que estos mensajes configuran un patrón sistemático de agresión y desconocimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

En su defensa, López afirmó que sus publicaciones respondían a críticas políticas y que fue atacado por informar sobre condenas internacionales a líderes israelíes. No obstante, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura ya había reunido los votos necesarios para elevar el caso al plenario y avanzar hacia un posible juicio político.

El caso de López se suma a una serie de investigaciones recientes sobre la conducta extrajudicial de jueces en Argentina, en un contexto de creciente escrutinio sobre el comportamiento público y privado de los magistrados. Organizaciones como la Fundación Apolo manifestaron su rechazo a la renuncia y ratificaron el pedido de remoción, argumentando que la dimisión no debe ser utilizada para eludir responsabilidades disciplinarias.

El Gobierno nacional, por su parte, mantiene en suspenso la aceptación de la renuncia hasta recibir el informe del Consejo de la Magistratura, en cumplimiento de los procedimientos normativos vigentes. La resolución final podría sentar un precedente sobre la forma en que se gestionan las renuncias de jueces involucrados en procesos disciplinarios en el país.