La medición de la inflación en Argentina volvió a generar controversia luego de que un asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, admitiera en redes sociales que el índice oficial sería mayor si se aplicara una metodología más actualizada. El episodio se produjo tras la salida de Marco Lavagna de la dirección del INDEC, quien había impulsado una actualización de la canasta de consumo utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Actualmente, el IPC se basa en una canasta de consumo de 2004, lo que, según especialistas, genera distorsiones significativas en la medición de la inflación. El dato oficial de febrero fue del 2,9%, pero el propio asesor reconoció que, con la fórmula propuesta por Lavagna, la cifra habría oscilado entre 3% y 3,4%. Esta diferencia ha reavivado el debate sobre la transparencia y credibilidad de las estadísticas oficiales.

La renuncia de Lavagna se produjo luego de que el gobierno decidiera suspender la implementación de la nueva metodología, pese a que había sido acordada con el Fondo Monetario Internacional. Su sucesor, Pedro Lines, analiza alternativas para modernizar el índice, incluyendo la posibilidad de adoptar un modelo dinámico similar al español o armonizar la medición con la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, expertos advierten que estos cambios podrían demorar varios años en concretarse.

Según un informe del CELAG, si se aplicaran ponderadores actualizados, la inflación acumulada durante el actual gobierno sería hasta 22 puntos porcentuales mayor que la registrada oficialmente. Además, el impacto de la inflación es más severo en los sectores más vulnerables, quienes enfrentan aumentos superiores al promedio.

El gobierno, por su parte, argumenta que la economía atraviesa un proceso de "corrección de precios relativos" y que la actualización metodológica requiere tiempo y recursos. Mientras tanto, la polémica continúa y la discusión sobre la transparencia del INDEC y la representatividad de los datos oficiales sigue abierta, con implicancias directas en la credibilidad de la política económica y en la vida cotidiana de los argentinos.