La provincia de Tierra del Fuego atraviesa una de sus crisis financieras más agudas, lo que llevó al gobernador Gustavo Melella a solicitar un adelanto de $20.000 millones en impuestos a grandes empresas del sector industrial y energético. El objetivo de esta medida es garantizar el pago del medio aguinaldo a los 16.000 empleados estatales antes de fin de año, en un contexto de fuerte restricción de fondos nacionales y caída de la recaudación local.

El pedido, formalizado por el Ministerio de Economía provincial, se dividió en dos grandes sectores: $15.000 millones fueron solicitados a la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), mientras que otros $5.000 millones se reclamaron a la petrolera Total Energies. Según fuentes oficiales, el anticipo sería descontado de futuros pagos de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos, un tributo que las empresas abonan mensualmente en función del valor de los bienes producidos en la isla.

Hasta el momento, ninguna de las compañías involucradas emitió una respuesta oficial. Paralelamente, la provincia gestiona una línea de crédito con el banco fueguino para cubrir el déficit fiscal, que se estima en la misma cifra solicitada a las empresas. El gobierno local atribuye la crisis a la falta de transferencias nacionales, especialmente de Aportes del Tesoro Nacional, y a la imposibilidad de acceder a nuevos endeudamientos por falta de avales del Ejecutivo nacional.

El sector industrial fueguino, especialmente el electrónico, enfrenta una situación crítica por la caída del consumo, la reducción de aranceles y la inminente finalización de un acuerdo laboral clave entre la UOM y Afarte. Este convenio, que vence a fin de año, sostiene alrededor de 1.000 contratos temporarios cuya continuidad es incierta. "Las empresas operaron con sobrestock, las ventas se mantuvieron bajas y el consumo no mostró señales de recuperación", advirtió Oscar Martínez, secretario general de la UOM Río Grande.

La estructura tributaria de la provincia también limita su capacidad de respuesta: no recauda impuestos inmobiliarios ni automotores, que quedan en manos de los municipios, y no incrementó la tasa de Ingresos Brutos. En este contexto, la exigencia de adelantos impositivos exacerbó las tensiones entre el sector público y privado, mientras se espera una reunión clave entre empresarios, sindicatos y el gobierno para definir el futuro laboral de la isla. El desenlace de esta crisis podría marcar un punto de inflexión para el modelo industrial fueguino y su relación con el Estado nacional.