En la semana previa a las elecciones legislativas, el Gobierno argentino enfrentó una de sus mayores pruebas en el terreno financiero. El miércoles, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, intentó renovar vencimientos de letras del Tesoro por $15 billones, equivalentes a unos 11 mil millones de dólares. Sin embargo, solo logró refinanciar entre el 60 y el 64% de esa deuda, dejando en manos de los bancos cerca de $6 billones, lo que generó una inmediata reacción en el mercado.

Ante la falta de confianza de los bancos y el rechazo a las tasas ofrecidas, superiores al 70% anual y muy por encima de la inflación proyectada, el Gobierno respondió con medidas de emergencia. Entre ellas, se destacó el aumento de los encajes bancarios, obligando a las entidades a inmovilizar parte de sus fondos para evitar una corrida hacia el dólar. Esta decisión, de corte intervencionista, fue interpretada como un castigo al sistema financiero por no acompañar la estrategia oficial.

Las tensiones se trasladaron a reuniones privadas entre funcionarios y banqueros, donde estos últimos manifestaron su desconfianza en el modelo económico y advirtieron sobre el impacto negativo en la actividad y el crédito. El equipo económico, por su parte, mantuvo el foco en la contención del dólar y la desaceleración inflacionaria, aunque a costa de profundizar la recesión y encarecer el acceso al financiamiento.

El trasfondo de este conflicto tiene raíces en episodios previos de presión cambiaria y acusaciones de conspiración contra el Gobierno. La estrategia oficial apunta a sostener el tipo de cambio y controlar la inflación hasta las elecciones, con un fuerte ajuste fiscal y medidas de control monetario. Sin embargo, la falta de dólares y el aumento de precios continúan alimentando la incertidumbre.

Analistas y ex funcionarios han cuestionado la coherencia y credibilidad del equipo económico, señalando la necesidad de un viraje en el plan oficial. El sector industrial y alimenticio advierte sobre el riesgo de recesión y despidos, mientras el Gobierno defiende su postura y anticipa que las medidas de ajuste se mantendrán hasta después de los comicios. El desenlace de esta pulseada financiera será clave para el futuro económico y político del país.