El gobierno argentino expulsó esta semana a José Gregorio Noriega, exdiputado venezolano y figura cercana al régimen de Nicolás Maduro, tras su ingreso al país desde Brasil. La decisión, anunciada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se enmarca en el endurecimiento de la política argentina hacia el chavismo y sus aliados, y fue celebrada por la oposición venezolana.

Noriega, quien fue diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y posteriormente expulsado del partido opositor Voluntad Popular en 2019, está sancionado desde 2020 por Estados Unidos y la Unión Europea. Las sanciones responden a su participación en la llamada "Operación Alacrán", una maniobra de sobornos para desestabilizar la oposición venezolana y facilitar la toma del Congreso por parte del oficialismo. Posteriormente, Noriega fue designado representante legal de Voluntad Popular por el régimen de Maduro, desplazando a su fundador Leopoldo López.

La presencia de Noriega en Argentina fue denunciada por Voluntad Popular, que solicitó acciones inmediatas al presidente Javier Milei y a la ministra Bullrich. "El que las hace, las paga", señalaron desde el partido opositor, acusando a Noriega de traicionar a los venezolanos y colaborar con la "narcotiranía chavista". Bullrich, por su parte, comunicó la expulsión a través de redes sociales y enfatizó que "el terrorismo chavista no tiene lugar en nuestro país".

La medida se produce en un contexto de creciente presión internacional contra el régimen de Maduro. Recientemente, el gobierno argentino incluyó al Cartel de los Soles, organización vinculada al narcotráfico y liderada por Maduro y Diosdado Cabello, en su registro de entidades terroristas, sumándose a decisiones similares de Ecuador y Paraguay. Líderes opositores venezolanos, como María Corina Machado, agradecieron públicamente al gobierno argentino por su apoyo a la causa democrática en Venezuela.

La expulsión de Noriega refuerza la postura del gobierno de Milei en materia de seguridad y política exterior, alineándose con Estados Unidos y otros países de la región en la lucha contra el chavismo y el narcotráfico. El caso evidencia la tensión regional y la coordinación internacional frente a figuras vinculadas al régimen venezolano.