El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó sentencia en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. Tras más de ocho años de investigación y un extenso debate oral iniciado en marzo de 2026, el tribunal condenó al excapitán de navío Claudio Javier Villamide a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, al hallarlo responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por el resultado muerte.

En el mismo fallo, los jueces absolvieron a Luis López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Correa, altos mandos de la Armada, al no encontrar pruebas suficientes de incumplimientos funcionales penalmente relevantes. La condena a Villamide fue decidida por mayoría, mientras que las absoluciones fueron unánimes. El Ministerio Público Fiscal, que había solicitado penas de hasta cinco años para los acusados, anticipó que podría apelar la sentencia una vez conocidos los fundamentos.

Durante el juicio, que incluyó la declaración de 98 testigos y la presentación de pruebas técnicas y documentales, se analizaron las condiciones de mantenimiento del submarino, las órdenes operativas y las decisiones tomadas antes y durante la misión. Los peritajes concluyeron que el ARA San Juan sufrió una implosión tras una serie de fallas técnicas, incluyendo el ingreso de agua por el sistema de ventilación y un cortocircuito en las baterías.

El fallo generó reacciones encontradas en la Armada y entre familiares de las víctimas. El Foro de Almirantes Retirados advirtió que la condena podría afectar la cultura de mando y la disposición de los oficiales a asumir responsabilidades. Por su parte, las familias de los tripulantes insisten en que la tragedia pudo evitarse y reclaman que se esclarezcan todas las responsabilidades, incluidas las políticas.

El caso ARA San Juan también estuvo marcado por investigaciones paralelas sobre presunto espionaje a familiares de las víctimas y por el debate sobre la cadena de mando en las Fuerzas Armadas. El fallo, aunque no cierra todas las heridas, representa un hito en la búsqueda de justicia y en la discusión sobre la responsabilidad institucional en tragedias de esta magnitud.