La seccional Rosario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) generó una fuerte controversia al ceder su sede para una charla virtual con exintegrantes de Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), ambos considerados grupos terroristas por Israel y organismos internacionales. El evento, realizado en el marco del Día de los Prisioneros Palestinos, contó con la participación remota de Osman Bilal y Nader Sadaqa, quienes fueron liberados en un intercambio de rehenes tras los atentados de octubre de 2023 en Israel.

La actividad fue impulsada por la Asamblea Acción por Palestina y se llevó a cabo el viernes a las 18 en la sede de ATE Rosario. La decisión de permitir la charla desató un inmediato repudio por parte de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que calificó la iniciativa como "una afrenta inaceptable" y exigió responsabilidad institucional. "El terrorismo no tiene justificación. No tiene contexto que lo excuse. Y no debe tener tribuna", expresó la DAIA en un comunicado.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, respaldó la denuncia de la DAIA y sumó su voz al rechazo, mientras que desde ATE Rosario aclararon que solo prestaron el espacio y no organizaron el evento. La polémica se produce en un contexto especialmente sensible para la sociedad argentina, que aún recuerda los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, y en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Israel, quien reafirmó su alineamiento con ese país y su condena al terrorismo.

El episodio reavivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad institucional frente a la memoria de las víctimas del terrorismo en Argentina. Mientras algunos sectores defendieron el derecho a la disidencia y la pluralidad de voces, otros advirtieron sobre el riesgo de legitimar discursos violentos y extremistas. El caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y social, y plantea interrogantes sobre el rol de las instituciones en la prevención del extremismo y la promoción de la convivencia democrática.