La obra social del Sindicato de Camioneros atraviesa una crisis terminal que pone en jaque la atención médica de miles de afiliados y expone profundas divisiones internas en el gremio. En los últimos meses, los sanatorios administrados por Oschoca, la obra social del sindicato, han registrado demoras en la atención, falta de especialistas y una drástica reducción en la cobertura de medicamentos, que pasó del 80% al 30% en algunos casos. Afiliados relatan que deben viajar largas distancias para recibir atención o tramitar autorizaciones, mientras que la falta de turnos y especialistas obliga a muchos a pagar consultas de bolsillo.

La situación se agravó con protestas de empleados en hospitales de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y Caballito, quienes denuncian atrasos salariales y servicios suspendidos. En algunos sanatorios, solo se abonó el salario completo para evitar protestas visibles en puntos estratégicos de la ciudad. El déficit financiero de la obra social supera los $26.600 millones en el interior y podría alcanzar los $50.000 millones a nivel nacional, según fuentes sindicales. Este colapso ha provocado un éxodo de afiliados hacia otras coberturas, debilitando aún más la base del gremio.

Paralelamente, el sindicato enfrenta una feroz interna entre Hugo Moyano y su hijo Pablo, quien se ha distanciado de la conducción y denuncia la gestión de Liliana Zulet, esposa de Moyano y administradora de la obra social. La disputa se ha trasladado a las bases, con enfrentamientos físicos y acusaciones de fraude por el presunto desvío de fondos en hoteles del sindicato. La justicia investiga estos hechos, que ya han desencadenado purgas en la conducción y denuncias cruzadas entre dirigentes.

En el ámbito político, el gobierno porteño rechazó el reclamo de indemnizaciones impulsado por Moyano, argumentando que los contratos de recolección de residuos no vencen hasta 2028. A pesar de acuerdos que incluyen beneficios para jubilados y adicionales salariales, los trabajadores realizaron asambleas para protestar por la exclusión de indemnizaciones, evidenciando el descontento y la fragmentación sindical.

La crisis de la obra social y la interna familiar han puesto en duda la capacidad del sindicato para sostener su poder tradicional. Afiliados y delegados expresan su decepción y abandono, mientras la estructura sindical enfrenta vacíos de conducción y pérdida de legitimidad. El futuro del gremio y su obra social permanece incierto, con el riesgo de nuevas medidas de fuerza y una mayor fragmentación.