La muerte de Ángel, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha sacudido a la comunidad y puesto en el centro del debate la actuación de la Justicia y los profesionales encargados de proteger a los menores. Ángel fue entregado a su madre biológica, Mariela Altamirano, en noviembre de 2025, tras una decisión judicial basada en informes técnicos de la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, quien desestimó pruebas presentadas por el padre, incluyendo un video donde el niño pedía quedarse con él.

Durante los meses siguientes, vecinos y el propio padre denunciaron signos de maltrato y abandono, pero las alertas no fueron atendidas por las autoridades. El 5 de abril de 2026, Ángel ingresó en coma al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia con lesiones graves y falleció al día siguiente. La investigación judicial busca determinar si la muerte fue consecuencia de violencia o negligencia, y se analizan pruebas como audios enviados por la madre biológica en los momentos previos al desenlace.

El caso ha generado una ola de indignación social, con marchas y reclamos en la ciudad. Miles de personas exigen justicia y la revisión de las responsabilidades de los profesionales y funcionarios que intervinieron en el proceso. El Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados han expresado su dolor por el hecho, pero también han pedido prudencia y respeto al proceso judicial, repudiando los ataques y escraches contra jueces y asesores de familia.

El debate se centra ahora en la necesidad de revisar los protocolos de revinculación familiar y la responsabilidad de los equipos interdisciplinarios en la protección de los derechos de los niños. El caso de Ángel pone en evidencia las falencias del sistema y la urgencia de garantizar que las decisiones judiciales prioricen el bienestar de los menores, evitando tragedias similares en el futuro.