La ciudad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, comenzará a implementar a partir de febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias, como parte de un programa integral para combatir la creciente inseguridad. La medida, inédita en la provincia, fue avalada por la Justicia tras rechazar los amparos colectivos presentados por vecinos que argumentaban la afectación de derechos constitucionales como la libre circulación.

El plan, respaldado por la ordenanza 14/25 y aprobado por el Concejo Deliberante en mayo de 2025, contempla la instalación de portones que restringirán el tránsito vehicular entre las 22 y las 6 horas en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con la posibilidad de extenderse a otras zonas. Además, se incorporarán 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales para reforzar la vigilancia y establecer corredores seguros.

El intendente Pablo Cornet, quien recientemente fue víctima de un robo en su domicilio, defendió la medida como una respuesta excepcional y práctica ante la emergencia en seguridad declarada en 2023. "No se trata de una decisión política o ideológica, sino de una solución concreta frente al aumento de los delitos", afirmó Cornet. Por su parte, el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, destacó que solo el 1,98% de los empadronados expresó su rechazo formal a la iniciativa.

Sin embargo, la decisión ha generado polémica y divisiones en la comunidad. Vecinos y concejales opositores, como Marta Banegas, cuestionan la eficacia de la medida y advierten sobre el riesgo de promover políticas de segregación. "En vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso", sostuvo Banegas. Los demandantes también critican la falta de estudios técnicos que respalden la eficacia del cierre y denuncian la exclusión de ciertos residentes en el proceso de consulta.

La Justicia, al rechazar los amparos, consideró que la restricción es razonable y proporcional, priorizando la seguridad y la vida de la comunidad. No obstante, los opositores han apelado el fallo, por lo que la controversia judicial permanece abierta. Mientras tanto, el municipio avanza en la fase operativa del programa, que promete seguir generando debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos en Villa Allende.