El conflicto entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) y la empresa FATE, ubicada en San Fernando, se intensificó tras la formalización de un pedido de embargo por parte del gremio. SUTNA reclama el pago de salarios adeudados a 920 trabajadores afectados por el cierre de la planta y acusa a la empresa, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, de violar la conciliación obligatoria y de no cumplir con los compromisos asumidos en un acta firmada en mayo de 2025, que garantizaba los puestos de trabajo hasta junio de 2026.

La justicia laboral ratificó la validez de dicho acuerdo y ordenó a FATE abonar los sueldos hasta mitad de año, incluyendo los haberes de febrero y marzo. Sin embargo, la empresa sostiene que "dejó de existir" y que, al no prestarse tareas, no corresponde el pago de salarios. Además, FATE anunció que apelará el fallo judicial, mientras el predio de la fábrica permanece ocupado por trabajadores que exigen la reactivación de la planta.

Durante una audiencia realizada el 10 de abril en la cartera laboral provincial, no se alcanzó ningún acuerdo entre las partes. SUTNA reiteró su disposición a poner en funcionamiento la fábrica y negó haber incumplido la conciliación obligatoria. El gremio también impulsa un proyecto de ley para declarar la empresa de utilidad pública y permitir su ocupación temporánea bajo control estatal y de los trabajadores.

El conflicto se desarrolla en un contexto de crisis industrial y despidos masivos en Argentina. El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue interpelado por el sindicato, que le exige una postura clara y acciones concretas ante la situación. Por su parte, la empresa advierte que, de prolongarse el conflicto, no podrá afrontar las indemnizaciones de los trabajadores que aún no firmaron su desvinculación.

Organizaciones de jubilados y movimientos sociales han manifestado su apoyo a los trabajadores de FATE, participando en acampes y movilizaciones. El próximo 14 de abril está prevista una marcha a Plaza de Mayo en reclamo de soluciones. Mientras tanto, el gobierno nacional y provincial han intimado a la empresa al cumplimiento de la conciliación obligatoria, aunque los trabajadores demandan medidas más efectivas para garantizar sus derechos y la continuidad de la producción.